¿Cómo afecta la desigualdad material al Estado Social?

Del blog personal de Rosa Rodríguez Sales

Los abogados y demás profesionales del Derecho tenemos cierta manía de tener en mente preceptos o leyes en conjunto que nos han marcado en determinados momentos de nuestra enseñanza y que nos acompañan en nuestro día a día incluso en la esfera más personal. En mi caso, siempre he tenido un apartado  en mi memoria y especial cariño al artículo 9.2 de la Constitución Española (en adelante CE), que aunque  tiene un contenido bastante amplio, se centra en el principio de igualdad material,

  que es una de las  manifestaciones constitucionales del Estado Social,  junto a los principios rectores de la política social y económica y la intervención pública en la actividad económica.

Dice el artículo 9.2 CE: “Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.”

 Los precedentes de este artículo son los artículos 46, 47 y 48 de la Constitución de 1931, y en derecho comparado, tiene una formulación muy parecida la Constitución italiana que establece: “es misión de la República remover los obstáculos de orden económico y social que, limitando de hecho la libertad e igualdad de los ciudadanos, impidan el pleno desarrollo de la personalidad humana y la efectiva participación de todos los trabajadores en la organización política, económica y social del país”.

Que el mayor número de ciudadanos pueda acceder al mayor número de bienes y servicios. Ésta sería una definición somera del principio de igualdad material entendible por todos. Esa igualdad de oportunidades que deriva de la propia concepción de la dignidad de la persona consagrada en el artículo 10 de la norma cúspide de nuestro ordenamiento jurídico. Igualdad material, realidad o utopía. Cuestión que me he atrevido a abordar en mis pensamientos cientos de veces y que en la actualidad se hace más patente. No solo somos (o deberíamos ser realmente) iguales  formalmente ante la ley y en la aplicación de la ley (artículo 14 CE), sino que se debería atender con mayor intensidad a velar porque se mitiguen las desigualdades materiales entre ciudadanos y territorios.

¿La pérdida de igualdad material influye en la crisis del Estado Social? ¿Se han frustrado las expectativas y existe  una perceptible  falta de credibilidad en el sistema? sin duda estas preguntas se contestan de manera afirmativa. El Estado Social debe ser protegido por los poderes públicos y los ciudadanos. Las instituciones públicas y poderes del Estado deben proseguir con la tarea de la consecución de la igualdad real y efectiva de aquellos que les han otorgado la soberanía que ostentan. ¿Los gobiernos han hecho dejadez de sus funciones y por tanto han omitido el cumplimiento de sus deberes? parece ser que la representación política se ha convertido en representación de intereses. La complejidad de las sociedades democráticas avanzadas no puede ser excusa para justificar la crisis de la democracia y del Estado Social.

En la actualidad la privatización de lo público supone uno de los elementos distorsionadores de la democracia y a lo sumo del carácter social del Estado. La conversión de lo público en privado atenta contra la igualdad de oportunidades y es entonces cuando la ciudadanía en general percibe que ha perdido los derechos sociales que vienen consiguiéndose desde décadas atrás con mucho esfuerzo.Las privatizaciones en la Sanidad pública tanto en la gestión hospitalaria, que supone tratar la salud como un negocio,  como con el copago sanitario, en especial atención a los pensionistas; en la Educación pública, reduciendo presupuestos de las Comunidades Autónomas para lo público y beneficiando a la Educación privada y concertada, con cierre de colegios públicos incluido, y que redunda en una desigualdad de oportunidades también en el futuro en el acceso al empleo cualificado; la introducción de las tasas judiciales, creando así una distinción en el acceso a la Justicia según capacidad económica del justiciable, vulnerando el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva del artículo 24 de la CE. Todos los ámbitos de servicio público están sufriendo la falta de medios materiales y personales que incide en un perjuicio para el ciudadano.Todo ello conlleva una vulneración del mandato constitucional del artículo 9.2CE. Aquellos que se erigen con mayor presencia como los defensores de la CE, resultan ser los que más van contra su texto y espíritu.

La situación socio-económica en España puede observarse en las distintas encuestas y estudios sociológicos sobre condiciones de vida en el que se analizan los factores, condiciones y consecuencias de la pérdida de derechos sociales y la vulneración de la prioridad del principio de igualdad material. Como ejemplo, algunos datos relevantes de la encuesta de condiciones de vida de 2012 respecto de 2011, realizada por el Instituto Nacional de Estadística. El 21,1% de la población residente en España está por debajo del umbral de riesgo de pobreza en 2012, lo que supone una disminución de 0,7 puntos respecto al año anterior. En el año 2012 el 12,7% de los hogares españoles manifiesta llegar a fin de mes con mucha dificultad. Este porcentaje supera en 2,9 puntos al registrado el año anterior. El 44,5% de los hogares no se puede permitir ir de vacaciones fuera de casa al menos una semana al año. Este porcentaje es 5,6 puntos mayor que el registrado en 2011. El 40,0% de los hogares no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos, frente al 35,9% del año 2011. El 7,4% de los hogares tiene retrasos en los pagos a la hora de abonar gastos relacionados con la vivienda principal (hipoteca o alquiler, recibos de gas, electricidad, comunidad,…) en los 12 meses anteriores al de la entrevista. Este porcentaje es 1,2 puntos mayor que el del año anterior.

Especial consideración desde estas líneas a todos los Bancos de Alimentos de España que aportan datos en este sentido que nos facilitan palpar la realidad social y las consecuencias del nefasto sistema al que estamos sometidos.