Dos noticias del pasado mes de junio relativas a la situación carencial en la que viven muchos niños en nuestro país y los dramas que están atravesando sus familias, no hacen sino poner sobre la mesa una realidad que pareciera sacada de novelas de Charles Dickens. El “bocadillo mágico”, ilustrado con pan con pan, niños desnutridos que se desmayan en sus escuelas por no haber ingerido cena o desayuno alguno o la tragedia de unos padres que, obligados por la necesidad, entregaron a sus hijos de corta edad a los Servicios Sociales de su localidad no son más que el reflejo del alto riesgo de exclusión económica que está transitando un, cada vez más amplio, sector de la infancia en España.
Ya en septiembre de 2012, las principales federaciones de padres de alumnos (Ceapa y Concapa) advirtieron sobre las consecuencias que tendrían los recortes de entre el 30% y el 50% en las ayudas de comedor escolar. Y junto a lo anterior, el ‘Informe Anual sobre la Riqueza en el Mundo’, que vio la luz el pasado 18 de junio, consigna que el número de españoles con grandes patrimonios ha aumentado en 2012 hasta alcanzar la cifra de 144.600 personas (un 5,4% más que en 2011).
En este contexto paradójico, más allá de la valoración en términos ético-morales que podamos plantear, los factores que inciden sobre la pobreza infantil son: la composición del hogar (fundamentalmente afectados están los niños en donde ambos progenitores están en paro (1.906.100, según los últimos datos de la ‘EPA’), los hogares monoparentales y las familias numerosas; la vinculación de los padres/madres con el mercado laboral (tipo de contratos, bajada de salarios); los costes de la vivienda para la unidad familiar (según el Banco de España la tasa de endeudamiento de los hogares asciende al 76,62%); el incremento de los impuestos; la reducción en las ayudas económicas a la infancia y a sus familias y, en general, la bajada notable en algunas partidas de los presupuestos generales del Estado para 2013 y de las propias Comunidades Autónomas, que afectan particularmente a los menores (básicamente relacionadas con educación, sanidad y servicios sociales).
Unicef, en su informe ‘La infancia en España 2012-2013. El impacto de la crisis en los niños’ mostró con claridad cómo y en qué medida la pobreza estaba golpeando a los más pequeños, destacándose que entre los años 2010 y 2011 los niños fueron el grupo de edad más pobre (26%). De forma que del año 2008 al 2010, la pobreza infantil creció un 10%, aproximándose a los 2.200.000 los menores de 18 años que vivían en hogares por debajo del umbral de la pobreza, resultando la cifra más alta de los países de la Unión Europea de los 15, y sólo por debajo de Rumanía y Bulgaria en la Europa de los 27. Por hacernos una idea de su envergadura en la Unión Europea, según datos ofrecidos por Unicef recientemente, uno de cada cuatro niños vive en la pobreza o exclusión (prácticamente uno de cada tres en España), y suman un total un total de 25 millones. Además, Unicef señala que el 16% sufre en estos momentos pobreza severa.
Uno de los efectos más directos de la pobreza y la exclusión sobre esta población es la imposibilidad para muchos de ellos de seguir una dieta completa, con casos incluso de desnutrición, difíciles de detectar por los profesionales, pero manifiestos cuando los niños llegan a las escuelas sin energía, con dificultades para seguir las clases, con continuos procesos gripales e infecciosos. Además, una dieta inadecuada en los primeros años vida, según alerta la Sociedad Española de Pediatría, puede tener consecuencias en la salud y en el proceso de crecimiento a más largo plazo.
La visita el pasado junio del comisario para los derechos Humanos del Consejo de Europa, Nils Muiznieks, y sus palabras en la rueda de prensa previa a su partida fueron suficientemente ilustrativas: la situación de la infancia en España es alarmante.
De forma que la pobreza infantil se ha convertido en un fenómeno estructural, cada vez con mayor incidencia. En este sentido, Unicef España y una serie de organizaciones y plataformas sociales han hecho propuestas al Gobierno para hacer propia la Recomendación de la Unión Europea sobre Invertir en la infancia, que parte del reconocimiento de los derechos de los niños como ciudadanos y, en particular, sostiene la necesidad de que los Estados utilicen estratégicamente los Fondos Estructurales de la Unión Europea para reformar las políticas e impulsar servicios y ayudas a las familias y los menores. Estas propuestas para España se concretan en un documento, disponible en Internet, que incluye dos primeros puntos contextuales, relativos al ámbito socieconómico e institucional, un tercer aspecto relacionado con cuestiones de “Gobernanza, seguimiento y evaluación”, y un cuarto en el que se desarrollan diversas dimensiones de los enfoques deseables de las medidas a acometer, teniendo en cuenta las circunstancias en las que nos encontramos inmersos en relación a esta problemática.
Ante este escenario Cruz Roja Española ha puesto en marcha durante el verano un plan de emergencia de alimentación infantil, al tiempo que se han movilizado numerosas entidades sociales con la finalidad de atender las necesidades básicas de los más pequeños. Y mientras esto tiene lugar, el Gobierno ha pospuesto seis meses la puesta en marcha de un ‘Plan contra la Pobreza Infantil’.
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