Los movimientos sociales, o modelo de bases en la literatura especializada, se distinguen por “poseer una estructura organizativa laxa, informal y descentralizada”. Surgen como protesta colectiva y tienen como finalidad influir en la vida política a través de la movilización social voluntaria. Muy por el contrario, los partidos políticos poseen una estructura formalizada, fuertemente reglada, con el objetivo prioritario de participar en los procesos electorales y la finalidad de representar la vida política.
El estudio de los movimientos sociales nos permite saber que éstas acciones colectivas de protesta, con el tiempo, pueden cristalizar en una agrupación política o en una multitud de organizaciones, o también pueden disolverse si desaparecen o reducen las causas que las impulsaron.
Ahora, en un enésimo intento por parte del gobierno de Rajoy para terminar de sofocar el incendio social iniciado hace dos años, se insta al 15M para que materialice sus demandas constituyéndose en partido político y participando en el juego representativo. Pero esto sólo responde a la adopción táctica de la regla “Divide et vinces”.
Esta estrategia empleada por el actual gobierno de España para esquivar la oposición social a sus “reformas” neoliberales, podría parecer atrevida en un escenario social como el actual, caracterizado por una grave degradación de las condiciones de vida, con un fuerte deterioro de la capacidad de participación social de los ciudadanos y la consiguiente restricción de sus libertades individuales, y con una creciente limitación del acceso a los medios y recursos que favorecen el desarrollo de la persona, avasallando la dignidad de una parte importante de la población (más de 3 millones de personas sin disponibilidad de renta alguna en España) obligada a la humillación de tener que recurrir a servicios de beneficiencia públicos y privados para sobrevivir.
Sin embargo puede resultar muy eficaz, al aprovecharse del descontento social surgido en el cenit de una sociedad dividida, con históricas desigualdades económicas y sociales disimuladas tras velos de falsa movilidad social, y consentidas en el pasado por el partido socialista, pero también por los sindicatos mayoritarios, quienes en su día acogieron sin resistencia el modelo dual, la representación de una clase trabajadora segmentada.
No es extraño entonces que para conseguir la división de los asalariados españoles, el 81% de la población ocupada en España, al gobierno de Rajoy no le haga falta recordar a los 6.202.600 parados, a los casi cuatro millones de trabajadores temporales, o a los casi siete millones de trabajadores que perciben salarios inferiores a 1000€, el lugar que han ocupado a lo largo de estos años en las negociaciones colectivas llevadas a cabo por los sindicatos mayoritarios y gobiernos socialistas. De hecho será esta división social la causa que explique el importante recelo que los trabajadores de las clases populares en España, especialmente jóvenes, mujeres y parados de larga duración, sienten cuando el partido socialista y los sindicatos mayoritarios enarbolan banderas de justicia social.
Al gobierno de Rajoy tampoco le hará falta sugerir que, de entre los motivos que mueven a la acción de protesta a cientos de miles de funcionarios, van a resultar determinantes, junto a la defensa de unos servicios públicos e igualitarios, aquellos asociados a la defensa de sus intereses individuales, en forma de privilegios (económicos y sociales) derivados de su situación laboral.
La cultura de la búsqueda del interés propio, ligada a una visión utilitarista de otra imagen social tan extendida como escasamente cierta, la igualdad de oportunidades, ha sido interiorizada por los ciudadanos a lo largo de 35 años de división social cáustica y una baja movilidad intergeneracional de clase, reproduciendo una y otra vez de forma distinta las mismas esperanzas e ilusiones sobredimensionadas, el mismo resentimiento y frustración subyacentes que han dado forma a nuestras relaciones sociales, siempre rebosantes de conflicto, a lo largo de este tiempo.
Las desigualdades sociales consentidas en el pasado por los partidos de izquierdas y sindicatos mayoritarios que hoy parece que no aciertan a coger la bandera de las justicias sociales, han producido una separación sustancial entre éstos y las demandas históricas de las clases populares que, en nuestro tiempo, vuelven a la arena política a través de los movimientos sociales.
El 15M y sus incipientes cristalizaciones recogen esta denuncia en su espíritu. Demandan progresos políticos y sociales sustentados en la ética de los derechos humanos, como la universalidad y gratuidad solidaria del acceso a la salud y a una educación científica y social; pero también la redistribución de la riqueza material y cultural, garantizando los recursos suficientes para el desarrollo humano y social de la persona; una renta básica que permita la participación social de los ciudadanos; y la apertura de mecanismos de participación en la construcción del debate político y en la toma de decisiones sobre lo común.
El 15M es una corriente popular de cambio congruente con su papel de movimiento social. La articulación de los mecanismos que materialicen sus reivindicaciones es la pelota con la que deben jugar las organizaciones sociales, políticas y sindicales, en el presente. Éste es el proceso y, dado el contexto socioeconómico del país, una estrategia que pretenda quebrarlo o acelerarlo, resultará tan equivocada e inútil como la de ignorarlo.
Damián H. Cuesta es sociólogo. Experto en análisis de problemas sociales.
El estudio de los movimientos sociales nos permite saber que éstas acciones colectivas de protesta, con el tiempo, pueden cristalizar en una agrupación política o en una multitud de organizaciones, o también pueden disolverse si desaparecen o reducen las causas que las impulsaron.
Ahora, en un enésimo intento por parte del gobierno de Rajoy para terminar de sofocar el incendio social iniciado hace dos años, se insta al 15M para que materialice sus demandas constituyéndose en partido político y participando en el juego representativo. Pero esto sólo responde a la adopción táctica de la regla “Divide et vinces”.
Esta estrategia empleada por el actual gobierno de España para esquivar la oposición social a sus “reformas” neoliberales, podría parecer atrevida en un escenario social como el actual, caracterizado por una grave degradación de las condiciones de vida, con un fuerte deterioro de la capacidad de participación social de los ciudadanos y la consiguiente restricción de sus libertades individuales, y con una creciente limitación del acceso a los medios y recursos que favorecen el desarrollo de la persona, avasallando la dignidad de una parte importante de la población (más de 3 millones de personas sin disponibilidad de renta alguna en España) obligada a la humillación de tener que recurrir a servicios de beneficiencia públicos y privados para sobrevivir.
Sin embargo puede resultar muy eficaz, al aprovecharse del descontento social surgido en el cenit de una sociedad dividida, con históricas desigualdades económicas y sociales disimuladas tras velos de falsa movilidad social, y consentidas en el pasado por el partido socialista, pero también por los sindicatos mayoritarios, quienes en su día acogieron sin resistencia el modelo dual, la representación de una clase trabajadora segmentada.
No es extraño entonces que para conseguir la división de los asalariados españoles, el 81% de la población ocupada en España, al gobierno de Rajoy no le haga falta recordar a los 6.202.600 parados, a los casi cuatro millones de trabajadores temporales, o a los casi siete millones de trabajadores que perciben salarios inferiores a 1000€, el lugar que han ocupado a lo largo de estos años en las negociaciones colectivas llevadas a cabo por los sindicatos mayoritarios y gobiernos socialistas. De hecho será esta división social la causa que explique el importante recelo que los trabajadores de las clases populares en España, especialmente jóvenes, mujeres y parados de larga duración, sienten cuando el partido socialista y los sindicatos mayoritarios enarbolan banderas de justicia social.
Al gobierno de Rajoy tampoco le hará falta sugerir que, de entre los motivos que mueven a la acción de protesta a cientos de miles de funcionarios, van a resultar determinantes, junto a la defensa de unos servicios públicos e igualitarios, aquellos asociados a la defensa de sus intereses individuales, en forma de privilegios (económicos y sociales) derivados de su situación laboral.
La cultura de la búsqueda del interés propio, ligada a una visión utilitarista de otra imagen social tan extendida como escasamente cierta, la igualdad de oportunidades, ha sido interiorizada por los ciudadanos a lo largo de 35 años de división social cáustica y una baja movilidad intergeneracional de clase, reproduciendo una y otra vez de forma distinta las mismas esperanzas e ilusiones sobredimensionadas, el mismo resentimiento y frustración subyacentes que han dado forma a nuestras relaciones sociales, siempre rebosantes de conflicto, a lo largo de este tiempo.
Las desigualdades sociales consentidas en el pasado por los partidos de izquierdas y sindicatos mayoritarios que hoy parece que no aciertan a coger la bandera de las justicias sociales, han producido una separación sustancial entre éstos y las demandas históricas de las clases populares que, en nuestro tiempo, vuelven a la arena política a través de los movimientos sociales.
El 15M y sus incipientes cristalizaciones recogen esta denuncia en su espíritu. Demandan progresos políticos y sociales sustentados en la ética de los derechos humanos, como la universalidad y gratuidad solidaria del acceso a la salud y a una educación científica y social; pero también la redistribución de la riqueza material y cultural, garantizando los recursos suficientes para el desarrollo humano y social de la persona; una renta básica que permita la participación social de los ciudadanos; y la apertura de mecanismos de participación en la construcción del debate político y en la toma de decisiones sobre lo común.
El 15M es una corriente popular de cambio congruente con su papel de movimiento social. La articulación de los mecanismos que materialicen sus reivindicaciones es la pelota con la que deben jugar las organizaciones sociales, políticas y sindicales, en el presente. Éste es el proceso y, dado el contexto socioeconómico del país, una estrategia que pretenda quebrarlo o acelerarlo, resultará tan equivocada e inútil como la de ignorarlo.
Damián H. Cuesta es sociólogo. Experto en análisis de problemas sociales.
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